Las Guarderías
Subrogadas
Un Desmadre Bien Organizado
Por Eduardo Ibarra Aguirre
Un “desorden generalizado” priva en las guarderías
que brindan el servicio subrogado por el Instituto Mexicano
del Seguro Social; las autoridades de éste carecen de
facultades legales para hacerlo, por lo que se actúa
de manera ilegal desde hace 26 años; además existió
una violación grave a las garantías individuales
en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Éstas son tres de las conclusiones del informe preliminar
elaborado por la Comisión Investigadora de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos
y Carlos Ronzón Sevilla establecieron tras una meticulosa
investigación de seis meses: “Quedó probada
la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden
generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC”,
el 5 de junio de 2009, en el que perdieron la vida 49 niños
y 70 más resultaron lesionados.
Más aún: La auditoría jurídica practicada
al sistema de guarderías subrogadas ilegalmente --“porque
el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”--
reveló que sólo 0.3 por ciento de éstas
opera cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para su
funcionamiento, y que de los más de mil 480 contratos
otorgados –con criterios políticos, patrimonialistas,
valga subrayar-- únicamente 14 se hicieron con apego
estricto a lo establecido por la normatividad del Seguro Social.
Los funcionarios públicos implicados corresponden, a
juicio de los magistrados, a los tres niveles del Poder Ejecutivo,
en particular mencionan a Juan Molinar Horcasitas --exdirector
general IMSS y frustrado embaucador de inversionistas españoles
con base a mentiras y desplantes contra Brasil y su gobierno--,
y el entonces gobernador de Sonora José Eduardo Robinson
Bours Castelo.
Frente a esta ostentación de ilegalidad, incompetencia
e impunidad, en torno a la que el pleno de la SCJN aún
deberá definir su posición y alcances jurídicos,
Daniel Karam Toumeh jura que las más de mil 500 guarderías
subrogadas “cumplen con los estrictos criterios de seguridad”.
Los magistrados opinan exactamente lo contrario: 49 por ciento
carecen de constancias de protección civil y sólo
407 tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos.
Los datos duros que proporciona la investigación de los
magistrados que comisionó la Suprema Corte, exhibe la
pronunciada incompetencia del gobierno de Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, mismo que justamente tiene como eslogan
favorito Vivir mejor y rinde culto discursivo al estado de derecho,
pero en nueve meses fue incapaz de poner al día en términos
de seguridad y protección civil a los establecimientos
infantiles que subrogó a parientes políticos,
como Marcia Matilde Gómez del Campo--, aliados y socios
del mismo corte.
El sistema de subrogación de guarderías del IMSS
a particulares tiene un autor intelectual y corresponde al nombre
de Santiago Levy Algazi –actual vicepresidente del Banco
Interamericano de Desarrollo--, quien diseñó el
esquema bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León,
ahora asesor y/o integrante de los consejos de administración
de las trasnacionales que benefició desde Los Pinos a
costa de los mexicanos, con todo y su tragicómico Bienestar
para la familia.
La ejemplar participación y tenacidad de los padres de
los niños muertos o heridos en la guardería ABC
y el acompañamiento de la opinión pública
para que se deslinden responsabilidades materiales e intelectuales
por el infanticidio, lograron esta investigación de los
magistrados. Se requería muchísimo más
esfuerzo ciudadano para que la impunidad y el cinismo no salgan
bien librados en la Suprema Corte, como generalmente sucede
en el país de la ilegalidad hecha gobierno y sistema.
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